Medio Ambiente
Autor: DiarioLaguino , 20 de noviembre de 2020

Piden al SEA más plazo para ver observaciones a central de Colbun

Tras casi un año y medio Colbun respondió las 3797 observaciones que se le hicieron al proyecto energético. Ahora los movimientos ciudadanos añaden que los organismos públicos sólo dispusieron de tres semanas para analizar la adenda y solicitan al SEA que les de más plazo para revisar a conciencia cada una de las observaciones y abrir un proceso participación ciudadana.
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Mesa ciudadana por un río San Pedro sin represas, académicos de la UACh y senador Alfonso de Urresti solicitan un plazo acorde para responder con totalidad a la adenda del proyecto energético.

La Mesa Ciudadana por un río sin represas, que reúne a agrupaciones que se oponen al proyecto de la Central Hidroeléctrica San Pedro, expresó su preocupación por el que creen es poco plazo que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le ha dado a los organismos públicos para pronunciarse sobre las observaciones presentadas por Colbun a su proyecto y requerir aclaraciones o rectificaciones. El plazo otorgado por el SEA vence este 25 de noviembre, en consecuencia que consideran que la empresa Colbun tuvo casi un año y medio para dar las respuestas a las 3.797 observaciones de su proyecto, y entregó el documento recién el pasado 4 de noviembre. Las adecuaciones al proyecto de central hidroeléctrica fue ingresado al sistema el 3 de diciembre de 2018 y la adenda a las observaciones fueron respondidas por Colbun el pasado 4 de noviembre.

La mesa, integrada por los Movimientos Río San Pedro sin represas, Fluye San Pedro, Valdivia sin represas, Modatima Los Ríos y la Fundación Plantae, también pidieron al SEA por medio de una carta abierta la apertura de una nueva etapa de participación ciudadana, a fin de que la ciudadanía realice observaciones a la adenda presentada por Colbun S.A. 

En la misiva la mesa expresa lo siguiente: “A la empresa Colbún S.A. se le amplió reiteradamente los plazos, llegando a otorgársele cerca de 1 año y medio para dar respuestas a observaciones a un proyecto que durante 13 años ha intentado, infructuosamente, instalarse en el río san Pedro. Nos parece desproporcionadamente breve que el SEA solo otorgue 3 semanas a los organismos públicos para revisar un informe de extrema importancia, que además es complejo y extenso, teniendo en cuenta, además, las medidas de confinamiento que se viven en la Región”. 

También en la misiva indican que en el inciso segundo del artículo 29 de la ley 19.300, se establece que “Si durante el procedimiento de evaluación el Estudio de Impacto Ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por treinta días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación del Estudio de Impacto Ambiental.”

Las mismas peticiones fueron hechas al SEA, por medio de cartas, por parte del senador Alfonso de Urresti y de once académicos de la Universidad Austral de ciencias tales como la geología, sociología y ecología.

El parlamentario expresa en parte de su carta: “Es relevante considerar las reiteradas ampliaciones de plazo que se le otorgaron al proyecto de Colbún con el objeto de que dé respuesta a las observaciones. Estimamos que en razón de la justicia es necesario y prudente se tenga la misma consideración de tiempos y plazos para que las instituciones, servicios públicos y municipalidades del territorio quienes representan a cientos de pobladores y ciudadanos puedan defender que el desarrollo de su región vaya en concordancia con el cuidado del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales”.

Finalmente, los docentes de la Universidad Austral puntualizaron en su carta al SEA: “Como académicos y expertos en diferentes temáticas ambientales involucradas en el proyecto creemos que es absolutamente necesario revisar a cabalidad las respuestas a nuestras observaciones y solicitar respuestas adicionales” y concordaron con que es necesario abrir una nueva instancia de participación ciudadana para revisar la adenda realizada por la empresa.

 

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