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Por Salvatore Bellemo , 29 de noviembre de 2020Cómo Chile busca hacer frente al cibercrimen
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El coordinador regional de Seguridad Pública Claudio Mansilla analizó el aumento de los delitos informáticos y la necesidad de modernizar la legislación vigente.
Sabotaje y espionaje informático, interceptación ilícita, falsificación, fraude digital y abuso de dispositivos. Estos son algunos de los nuevos delitos que podría reconocer la legislación chilena, en un esfuerzo para hacer frente común con otros países del orbe al Ciber-crimen.
Y es que la necesidad es clara. Según datos de la especialista en ciber-seguridad Novared, en 2019 el aumento de delitos informáticos era de un 74% respecto del año anterior. En tanto, las limitaciones presenciales de la alerta sanitaria por Covid-19 han significado en los últimos 12 meses, un crecimiento del 214% del E-Commerce según la Cámara de Comercio de Santiago, con los consiguientes riesgos de exponerse a algún tipo de delito informático.
En los Ríos la cosa no es distinta. El coordinador regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito dependiente del Ministerio de Interior, Claudio Mansilla, precisó que “las cifras que a hoy hemos conocido en lo que va corrido del año dan cuenta de 255 denuncias y el inicio de 652 investigaciones por estafas, de las que el 56% tienen o podrían tener un componente informático, aunque muchas veces el delito base sea otro”.
A juicio de Mansilla, “los avances tecnológicos van generando nuevas posibilidades de desarrollo para las personas, pero desgraciadamente también a los delincuentes. Basta ver lo que ha sucedido durante la crisis sanitaria por Covid, en que tenemos baja de algunos delitos tradicionales, pero otros asociados al uso de internet han aumentado, como la vulneración de cuentas bancarias o la publicación de artículos en redes sociales con la finalidad de estafar”.
“Este escenario plantea un desafío enorme como país, no sólo preventivo e investigativo, también educativo a través del autocuidado; pero fundamentalmente la urgencia hoy está puesta en la modernización de la legislación vigente, tanto en lo penal como en lo procesal, para ponerle atajo temprano a estas nuevas formas de delinquir”, aseguró.
En tal sentido, Mansilla destacó la discusión del proyecto de ley del Ejecutivo, actualmente en su segundo trámite en la Cámara Baja, que mediante la derogación de la ley 19.223 del año 1993, la reemplaza por una nueva de rango especial, con normas penales y procesales actualizadas para dejarla “a tono” con el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como el “Convenio de Budapest”, al que adscribió el país en 2017.
“Contar con un nuevo marco normativo sobre delitos informáticos y ciberseguridad, especializado, actualizado, con conceptos, metodologías y normas validadas internacionalmente, es una urgencia innegable. De ahí que el proyecto presentado por el Presidente de la República Sebastián Piñera a fines del 2018, actualmente en tramitación, da en el clavo de la necesidad al incorporar los contenidos del Convenio de Budapest, que es lo más avanzando en el mundo en esta materia”, añadió el coordinador regional.
Ratificado por 60 estados, el Convenio de Budapest es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y de otros sistemas informáticos; data de 2004 y fue elaborado por expertos del Consejo de Europa, con ayuda de especialistas de otros países ajenos a la organización, como Estados Unidos, Canadá y Japón. Su objetivo es el desarrollo de una política criminal común frente a la ciberdelincuencia, mediante la homologación de los conceptos fundamentales y del tratamiento de la legislación penal, sustantiva y procesal, así como del establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.
